Por Sergio Benítez, alumno de Maestría en Derecho Constitucional y Amparo
La impartición de justicia es una de las funciones públicas más importantes del Estado Mexicano, a tal grado que justifica su propia existencia. El ejercicio de dicha función coadyuva de forma preponderante a la preservación del Estado de Derecho y la seguridad jurídica.1
Uno de los pilares de la impartición de justicia es la especialización de los juzgadores, que garantiza la adquisición de conocimiento y su aplicación correcta a los casos planteados por los ciudadanos.
La falta de especialización judicial ocasiona una deficiente calidad y agilidad en la impartición de justicia, derivado que los Juzgadores ante casos específicos requerirán de un mayor tiempo de análisis y en ocasiones, al carecer de los conocimientos especiales que requiere el asunto a tratar, genere que las decisiones tomadas no sean eficaces.2
Actualmente el Poder Judicial del Estado de Morelos cuenta con Órganos Jurisdiccionales mixtos, los cuales conocen de todas las materias, con excepción de la materia penal oral, por ende, un Juzgado tiene conocimiento de asuntos civiles, familiares y mercantiles.
Sin embargo, la percepción de la ciudadanía de la efectividad de los Juzgadores al desplegar su función es del 40%, demostrándose que el 60% de la población se encuentra inconforme con la labor desplegada por los Juzgadores.3
Una de las soluciones para legitimar al Poder Judicial y obtener una administración de justicia, pronta, expedita y de calidad, es la creación de juzgados especializados y la designación de juzgadores atendiendo a su perfil, esto es, migrar a una especialización judicial orgánica y profesional.
La falta de especialización judicial ocasiona una deficiente calidad y agilidad en la impartición de justicia.
Con lo anterior, se busca la excelencia de los Juzgadores y evitar corrupción en su designación, al existir criterios de especialización como requisito para ocupar un cargo en el Poder Judicial, generando que el margen de discrecionalidad en la designación y adscripción de los Juzgadores sea reducido significativamente.
El perfil del Juzgador, dependiendo la materia en que se desarrolle, es diferente y autónomo, mientras para el operador civil requiere de la profundización de aspectos de bienes y derechos reales; en materia mercantil existe una transición a la oralidad que representa un cambio de paradigma para tramitar y resolver los asuntos planteados; por su parte, en materia familiar el operador judicial requiere de una mayor especialización ante la naturaleza de los asuntos que repercuten directamente en la dinámica familiar.
En este orden, en materia mercantil los Juzgadores deben contar con las destrezas necesarias para:
• Reducir prudencialmente las tasas de intereses pactadas por las partes.
• Dominar el sistema de oralidad mercantil.
Por otra parte, en materia familiar el Juzgador debe contar con perfil adecuado, que le permita:
• Identificar y atender la violencia familiar.
• Identificar y atender el síndrome de alienación parental.
• Juzgar con perspectiva de género.
• Resolver con fundamento en una interpretación convencional, que conlleva un conocimiento de los tratados internacionales en materia de familia.
• Resolver una adopción internacional con todos los elementos que permitan su eficaz cumplimiento y se evite un conflicto internacional en su ejecución.
• Determinar la procedencia sin perjuicios en caso de divorcio de un matrimonio igualitario.
• Resolver una solicitud de adopción homoparental sin prejuicios.
• Lograr una efectiva restitución de infantes.
• Aplicar de manera idónea la suplencia de la deficiencia de la queja.
La percepción de la ciudadanía de la efectividad de los Juzgadores al desplegar su función es del 40%, demostrándose que el 60% de la población se encuentra inconforme con la labor desplegada por los Juzgadores.
En la materia civil el Juzgador debe tener un perfil con el que pueda:
• Dominar los elementos de los actos jurídicos, para poder analizar su inexistencia o nulidad (absoluta o relativa), dependiendo del planteamiento.
• Confrontar títulos de propiedad, para determinar el mejor derecho de propiedad.
• Estar en condiciones de analizar la posesión detentada por las personas para determinar el mejor derecho.
• Analizar la eficacia de un acto traslativo de dominio con la intensión de prescribir un derecho real.
De lo anterior observamos que el Juzgador en diversas facetas del derecho debe contar con un conocimiento específico que le permita emitir una decisión eficaz que contribuya a fortalecer el acceso a la justicia de los gobernados.
Por lo tanto, el pretender que un operador judicial abarque todas las materias con eficacia, genera que la administración de justicia se vuelva torpe, ineficiente y se pierda la credibilidad del sistema judicial, resultando poco factible que una persona domine todos los aspectos en las materias civil, mercantil y familiar. Por lo que, se debe transitar a una especialización judicial en el Estado de Morelos, donde los Juzgadores sean adscritos atendiendo su perfil, esto es, su capacidad, experiencia y conocimientos adquiridos, creando Órganos Jurisdiccionales que conozcan de una materia especifica con exclusión de las demás y en las regiones donde el volumen de ciertas materias sea escaso, deberán existir Órganos Jurisdiccionales itinerantes que absorban la jurisdicción de ciertos partidos o distritos judiciales, que se desplacen conforme a un calendario de actividades que permita la buena marcha de los asuntos planteados por los ciudadanos.
Con la especialización judicial se obtendrán las siguientes ventajas:
• Una administración de justicia pronta y expedita, ya que los tiempos de duración de los procedimientos sometidos a la jurisdicción serán disminuidos, al contar con un operador judicial con el perfil idóneo para desempeñar la función encomendada.
Mejores decisiones en casos concretos, derivado que el operador judicial buscará la solución más eficiente para los casos de su conocimiento, manteniendo un estándar de calidad en las determinaciones.
• Fortalecer la independencia jurisdiccional, al reducirse los índices de discrecionalidad en la designación de juzgadores.
• Existirá una mayor legitimidad de la actuación de los juzgadores, toda vez que los ciudadanos obtendrán decisiones efectivas a los asuntos planteados y recobrarán la seguridad en el sistema judicial.
• Genera una mayor competencia de los operadores judiciales en el foro, generándose discusiones de la manera de abordar cierto asunto con personas que tienen un nivel de especialización suficiente para proponer soluciones novedosas.4
• Criterios de optimización judicial que materializan el acceso a la justicia al obtenerse los beneficios antes citados.
El Juzgador debe contar con un conocimiento que le permita emitir una decisión que contribuya a fortalecer el acceso a la justicia de los gobernados.
Resaltándose que las relaciones entre la política y la judicatura se transparentaran, al obligar a los operadores políticos a elegir juzgadores que cuenten con un perfil suficiente que asegure una administración de justicia pronta y expedita,5 fortaleciendo la autonomía judicial, toda vez que el operador deberá contar con un perfil como requisito para ocupar un cargo en el Poder Judicial, reduciendo el margen de discrecionalidad en la designación y adscripción de los Juzgadores.
Por tanto, de continuar con el actual método de designación de juzgadores que no toma en consideración a la especialización como un elemento fundamental y contar con Órganos Jurisdiccionales sin especialización, los resultados generarán un mayor índice de falta de legitimación del Poder Judicial, un deficiente acceso a la justicia y una incipiente autonomía judicial.
Notas
1 Díaz, Rosa, El ombudsman de la salud en México, Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 2014, p. 267
2 Doménech, Gabriel y Mora-Sanguinetti, Juan, “El mito de la especialización judicial”. Revista para el análisis del derecho, Barcelona, 2015, p. 10.
3 “Percepción sobre el desempeño de las autoridades de seguridad pública y justicia”, Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
4 Doménech, Gabriel y Mora-Sanguinetti, Juan, op. cit., p.1.
5 Almario, Margarita, “Estabilidad y garantías de los derechos laborales de los funcionarios y empleados del sector judicial en Colombia”, Novum Jus: revista especializada en sociología jurídica y política, Colombia, 2016, volumen 10 número 1, pp. 93-112.
Bibliografía
ALMARIO, Margarita, “Estabilidad y garantías de los derechos laborales de los funcionarios y empleados del sector judicial en Colombia”, Novum Jus: revista especializada en sociología jurídica y política, Colombia, 2016, volumen 10 número 1, pp. 93-112.
DÍAZ, Rosa, El ombudsman de la salud en México, Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 2014, p. 267.
DOMÉNECH, Gabriel y MORA-SANGUINETTI, Juan, “El mito de la especialización judicial”. Revista para el análisis del derecho, Barcelona, 2015, p. 10.
VV.AA. “Percepción sobre el desempeño de las autoridades de seguridad pública y justicia”, Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
