Por Arianna Inés Sandoval Contreras, alumna del Colegio Jurista
Las Alertas de Violencia de Género (AVG) son un conjunto de medidas coordinadas por el gobierno que buscan garantizar la seguridad de mujeres y niñas, diseñadas para terminar con la violencia, erradicar cualquier trato jurídico injusto y permitir el pleno ejercicio de sus derechos humanos; sin embargo, la situación lejos de mejorar ha ido empeorando, pues hay una altísima incidencia en feminicidios, la violencia intrafamiliar encabeza las estadísticas, es una violencia silenciosa intangible a la fecha, pero está presente en la vida de muchas mujeres y niñas.
El razonamiento particular del por qué no funciona la AVG se engloba en lo siguiente:
La mayor parte de las autoridades —con sus marcadas excepciones— no comprenden la grave problemática por la que atraviesa el Estado mexicano, no están sensibilizadas en el tema, además de que no existe un seguimiento de las políticas públicas ya establecidas por la alternancia de los poderes que, lejos de beneficiar, en muchos casos perjudica la aplicación de las estrategias y mecanismos establecidos, se debe reeducar cada tres años a los funcionarios municipales y cada seis años a los funcionarios Estatales y Federales, lo que representa un retroceso; sin embargo, si la información sobre violencia de género estuviera generalizada cualquier funcionario conocería el alcance de la misma y su responsabilidad al respecto.
Otra de las causas es la ausencia de un diagnóstico para entender, en primer lugar, los diferentes tipos de violencias hacia mujeres y niñas en un territorio determinado, ya que si bien es cierto que existen modalidades de violencia bien definidas se dan cambios de un estado de la República a otro. Diagnosticar un territorio determinado, implicaría un alto costo económico para la entidad donde se declare la AVG, sin embargo, es de suma importancia que se realice; un ejemplo es el siguiente: estamos frente a un cáncer social al que se le está dando como remedio una aspirina y es así porque no se ha diagnosticado correctamente, por lo tanto, sigue creciendo, pues el tratamiento es insuficiente.
En la práctica, la AVG que fue declarada en un territorio especifico y a su vez en municipios específicos se entrega junto con un compendio de recomendaciones emitidas por el grupo interinstitucional, ahí se plasman las líneas de acción a seguir; asimismo, se brindan capacitaciones en la materia y se les indica cómo debe integrarse el grupo de trabajo, acto seguido SEGOB y CONAVIM se retiran y quedan a la espera de los informes que contengan los avances en la materia, por cada recomendación y línea de acción, de igual manera pasa del gobierno estatal al municipal se le entregan las recomendaciones y se les notifican los términos en que deben reportar las acciones.
Esta práctica es terrible, pues no existe una estrategia clara a seguir, CONAVIM recomendó pero no dijo cómo implementar, y el gobierno donde se decretó recibe y replica a los municipios que forman parte de la AVG, pero tampoco les marca un mecanismo, de modo que todo se presta a interpretación de los funcionarios de los diferentes órganos de gobierno, por lo cual cada uno debe realizar una campaña para visibilizar la violencia de género con la leyenda “Cero Tolerancia”, esta situación ha causado muchas campañas mal logradas, muy criticadas por las asociaciones civiles, ya que no se está caminando de la mano y sólo se realizan esfuerzos aislados para atender el problema.
Por ello, la propuesta es simple, generar una estrategia única nacional para replicar la campaña “Cero Tolerancia”, de igual manera generar una estrategia nacional para talleres y pláticas de atención a la violencia de género, empoderamiento, nuevas masculinidades, violencia en el noviazgo, etc.; todo ello con la finalidad de que el mensaje sea el mismo y no se siga mal informando. Por otro lado, es inadmisible que no se genere una proyección de presupuesto destinado a la AVG, este debería ser obligatorio y no optativo.
Como se mencionó en párrafos anteriores, el gobierno federal, específicamente CONAVIM, está impedido para realizar actos de gobierno en los estados de toda la República, ya que gozan de autonomía, no obstante que se trata de una situación de emergencia nacional; por lo anterior, se sugiere enviar las acciones a implementar no solo al Ejecutivo del estado, sino involucrar al Legislativo, para que en conjunto realicen las adecuaciones necesarias a la ley.
Otro punto, es la obligatoriedad de la atención de la AVG en todos los niveles de gobierno; a la fecha existen Estados y municipios que no cumplen con las declaratorias de AVG, todo lo contrario, los informes están plagados de datos alegres, lo que perjudica a la sociedad y agrava la problemática; por lo anterior, se propone que a todo funcionario público que le corresponda la atención, implementación, seguimiento y verificación de las AVG, se le castigue severamente en caso de incumplimiento.
La sensibilización de funcionarios públicos de primer, segundo y tercer nivel de atención a mujeres víctimas de violencia es deficiente. Por esta razón, se propone imponer, es decir, que sea obligatorio, que se capaciten continuamente para la atención de mujeres víctimas de violencias. En este contexto las niñas no figuran en la AVG, a pesar del alarmante aumento en la violencia en contra de menores de edad, por lo que se sugiere cambiar la redacción de la Ley y su respectivo reglamento, a fin de que sea incluyente.
El termino feminicidio parece ser un estigma de los gobiernos, pues en muchos casos se niegan a reconocer que hay incidencias muy altas, es una práctica común que las estadísticas sean maquilladas, simuladas o tipificadas en otros delitos; por ello, la propuesta es no invisibilizar más la problemática. Las mujeres, hombres, trans, niñas y niños deben conocer la gravedad del problema, sólo de esta manera caminaremos hacia la concientización. Las reuniones del grupo de trabajo institucional para la atención de la AVG en las entidades federativas y en la misma federación deben estar integradas por los titulares de las dependencias; sin embargo, en la práctica no sucede así, designan, a un encargado de poco rango incapaz de tomar decisiones; por lo anterior, se propone sea obligatorio que los titulares de las dependencias asuman su responsabilidad y acudan a las reuniones en donde se toman decisiones para fijar el rumbo a seguir.
La violencia de género está alcanzando niveles dramáticos, ya que muchas no son medibles ya que en su mayoría ocurren dentro del ámbito familiar, es por ello que dejo la reflexión siguiente: si en este momento de la historia de México no se toman acciones serias encaminadas a la protección de los derechos humanos de las mujeres, entraremos en una crisis social de grandes magnitudes, con una sociedad lastimada y fracturada, lo antes propuesto son nimiedades, basta un poco de voluntad por parte de los actores para corregir la estrategia y garantizar el acceso de las mujeres y niñas a una vida libre de violencia.
