Por Elisa López Ramírez, alumna de la Maestría en Derecho Fiscal y Administrativo
La crisis económica provocada por la pandemia del COVID-19, llevo a las autoridades a tomar medidas de restricción social y, por lo tanto, de limitación de las actividades económicas, en general, implico la reducción del contacto social, con la finalidad de lograr controlar la difusión del virus, este fenómeno global afecto a todos los países, aunque con intensidades diferentes, hubo consecuencias económicas asociadas a la demanda y ofertas internas y también a la demanda y ofertas externas.
Esta crisis sanitaria tuvo un alto costo humano alrededor del mundo, además represento un choque económico con la extinción de empresas y la reducción de ingresos públicos, ante esta situación, la respuesta por parte de las autoridades fue diferente en cada país, por cuanto al tamaño y sus características y en función de los aspectos estructurales y de la política existente.
En México el brote de esta enfermedad genero grandes consecuencias económicas, que se derivaron del confinamiento que ordeno la autoridad mediante acuerdos publicados por el gobierno federal, lo que frenó y disminuyo la mayoría de las actividades económicas dependiendo el rubro, se afectó a gran escala aquellas actividades que implicaron aglomeración y cercanía física (turismo, espectáculos, hoteles y restaurantes, transporte, escuelas, servicios personales), y en menor escala aquellas que se consideran indispensables , originando con ello, el cierre de empresas y negocios, lo que dio por resultado la drástica condición financiera que se reflejó en la disminución del Producto Interno Bruto (PIB) en el primer trimestre del año 2020.
El sector empresarial fue uno de los más afectados, muchas de las empresas se vieron obligadas a frenar sus actividades económicas, entrando en recesión y sumergiendo a la economía en una parálisis, ocasionando un efecto multiplicador en las cadenas productivas y de comercialización, pues al dejar de operar disminuyen sus economías ocasionando que se vean imposibilitados a cumplir con sus compromisos contratados, incluyendo el pago de impuestos, debido a que en el cese de actividades económicas afecto las micro, pequeñas y medianas empresas –se dice que a nivel nacional más el 97% de las empresas pertenecen a este sector–.
Ante este panorama las autoridades mexicanas federales realizaron acciones para contrarrestar las consecuencias, sin embargo, no fueron suficientes, pues las finanzas públicas durante el ejercicio 2020, estuvieron determinadas por dos grandes retos uno en materia de salud y otro en la actividad económica, en este marco y de acuerdo al Centro de Estudio de Finanzas Públicas las acciones se basaron en cuatro estrategias:
El ejercicio del gasto se orientó a atender las necesidades materiales y humanas del sector salud.
Atenuar los efectos que en materia económica ocasionó la pandemia sobre la economía familiar y las micro y pequeñas empresas.
El fortalecimiento de las fuentes de ingreso a través del combate a la evasión y elusión fiscales.
La utilización de los activos financieros para evitar incurrir en endeudamiento adicional. Los ingresos presupuestarios durante 2020 sortearon de modo aceptable el ambiente de tensiones prevaleciente en la economía mundial, la baja del PIB, la caída de la plataforma de producción petrolera y el precio de este, en medio del confinamiento, causo una problemática económica que repercutió en los pagos de impuestos y en los ingresos públicos, ante esta situación la estrategia a seguir por el gobierno federal fue el robustecimiento de la estructura tributaria basada en incrementar la eficiencia administrativa y el combate a la evasión y elusión fiscales, para apuntalar los esfuerzos de la recaudación.
El confinamiento por la pandemia del COVID-19, afecto la recaudación fiscal disminuyendo la reducción del pago de impuestos por parte de los contribuyentes viéndose afectado el PIB (ver cuadro 1).
Las consecuencias económicas generadas por el COVID-19 seguirán golpeando al mundo. En México, casi a terminar el año 2021, la contracción económica ha sido de las más feroces desde 1932, y todo indica que la recuperación en 2022 será frágil, la austeridad fiscal, la hostilidad oficial hacia la inversión privada, inclusión e igualdad.
En el segundo trimestre de 2021, se recuperó la actividad económica incrementando del primer trimestre al segundo trimestre en el 2021, pues se da un alza después de cinco caídas consecutivas, esta situación muestra que la pandemia por el COVID-19 afecto la economía, sin embargo, actualmente y de acuerdo a datos del INEGI existe una mejoría significativa, al tener mayor avance en los programas de vacunación, se están recuperando empleos y la actividad económica se reapertura de forma gradual y ordenada.
El Gobierno Federal respondió con cuatro líneas de acción:
1) Se reforzaron los recursos humanos y físicos del sistema de salud, para garantizar la disponibilidad de personal capacitado.
2) Se implementaron restricciones a la realización de actividades no esenciales, mitigando en los meses iniciales la propagación del COVID-19.
3) Se blindaron los programas sociales y los proyectos estratégicos de infraestructura, para ayudar durante la coyuntura a sostener el consumo de los hogares; y
4) Se implementaron algunas medidas orientadas a proteger la economía de hogares y empresas de los efectos del cierre de negocios.
Las consecuencias económicas generadas por el COVID-19 seguirán golpeando al mundo. En México, casi a terminar el año 2021, la contracción económica ha sido de las más feroces desde 1932, y todo indica que la recuperación en 2022 será frágil, la austeridad fiscal, la hostilidad oficial hacia la inversión privada, la continuidad de la pandemia y la ineficaz respuesta gubernamental, así como la obsesión presidencial con el petróleo son factores que encaminan a una débil recuperación.
Los gobiernos deberían optar por una maniobra fiscal, en donde se pueda acceder a condiciones de financiamiento, considerando la posibilidad de estímulos adicionales, porque la realidad es que los efectos de la pandemia se prolongaron en el tiempo, y muchos contribuyentes fueron afectados, asimismo, esta estrategia debería ir acompañada de medidas que ayuden a restaurar de manera creíble la sostenibilidad fiscal a corto y mediano plazo, incluidas aquellas dirigidas a fortalecer los marcos fiscales, aumentar la movilización de los ingresos internos y la eficiencia del gasto para mejorar la transparencia fiscal y de la deuda, obteniendo con ello mayores ingresos públicos.
En este contexto, las políticas fiscales deben ser una herramienta en la cual se debe considerar lo siguiente:
Exenciones de impuestos y diferimiento en el pago.
Desarrollo de esquemas flexibles para los empresarios.
Habilitación de líneas de liquidez a empresas.
Ampliación de los seguros de empleo.
Reforzar y ampliar los sistemas de recaudación tributaria.
Política fiscal que movilice los recursos necesarios para la sostenibilidad de la deuda
pública.
Criterios financieros asociables a préstamos reembolsables.
Que los ámbitos tributarios, presupuestaria, financieros y de política fiscal incrementen los ingresos públicos.
Referencias bibliográficas:
Centro de Estudios de Finanzas Públicas (CEFP), Análisis de los Resultados de Finanzas Publicas en la cuenta de la Hacienda Pública Federal 2020, Cámara de Diputados LXIV Legislatura, CEFP/021/2021, 2021. Disponible en: <https://www.cefp.gob.mx/publicaciones/documento/2021/cefp0212021.pdf>.
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), CEPAL – OPS, “La Prolongación de la Crisis Sanitaria y su Impacto en la Salud, la Economía y el Desarrollo Social”, Informe COVID-19, ONU, Santiago, 2011. Disponible en: <https://repositorio. cepal.org/bitstream/handle/11362/47301/1/S2100594_es.pdf.>.
Comisión Económica para América latina y el Caribe(CEPAL), “Sectores y Empresas frente al COVID-19: Emergencia y Reactivación”, Informe Especial COVID-19, Número 4, ONU, Santiago, 2020. Disponible en: <https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45734/4/S2000438_es.pdf.>.
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