Por Antonio de Jesús Becerril Vences, alumno de Maestría en Derecho Fiscal y Administrativo
La falta de transparencia en las operaciones gubernamentales y los procesos de toma de decisiones a menudo está relacionada con escándalos de corrupción, mala toma de decisiones, falta de responsabilidad de los funcionarios públicos y gobernanza disfuncional de las organizaciones gubernamentales. La transparencia a menudo se considera una de las condiciones críticas para la buena gobernanza y un mecanismo esencial para equilibrar el poder entre el gobierno y el público. LOPDGDD & RGPD, en su publicación ¿Qué es el principio de transparencia y porque es tan importante?,¹ señala que la transparencia aumenta las posibilidades de que se detecten irregularidades, se descubran abusos de poder y se examinen las actividades.
La transparencia es una situación en la que las actividades institucionales del gobierno y otras actividades organizativas de apoyo se realizan de manera abierta sin ningún secreto detrás, para que el público pueda creer y confiar en que estas organizaciones son honestas y justas. En otras palabras, es un concepto de erradicar todas las barreras y permitir el acceso a la información al público y facilitar procedimientos, reglas y regulaciones que protegen a esos ciudadanos, y esto se refleja en el desarrollo de la nación.
En una materia tan delicada y compleja como el acceso a la información, el derecho ha debido intervenir para realizar la función que le otorga su razón de existir: procurar justicia. Pero dicha intervención ha sido muy limitada y poco efectiva, dada la inexistencia de un marco legal para garantizar el acceso. Sin el reconocimiento de este derecho, se limita el tránsito hacia un estado más democrático. No puede haber un estado de derecho sin una adecuada protección del derecho.
En ocasiones, “control” y “fiscalización” son términos que se usan como sinónimos de rendición de cuentas, a pesar de no serlo. Luis Carlos Ugalde, en su libro La rendición de cuentas en los gobiernos estatales y municipales² nos comparte que generalmente los Órganos Internos de Control encuentran los mayores obstáculos por ambigüedades de la ley, en donde se detiene el trabajo realizado porque la ley no permite realizar más allá. Todo esto a pesar de que cada Entidad federativa, incluyendo la nuestra, cuenta con una legislación vigente en la materia.
La transparencia debe de ser un mecanismo de gobierno abierto que consista en un flujo de información dinámico entre autoridades y ciudadanos que sea claro, completo, disponible y organizado, y que persiga asegurar la participación ciudadana.
El tipo de transparencia que propongo es uno que impulse colaboración ciudadana en la difusión y manejo de datos más claros y, eventualmente, en la coproducción de estos.
Un ejemplo que ilustra esta definición es el caso de YouTube, sitio que a través del diseño de su plataforma permite la participación de sus usuarios viendo videos, pero también generando contenidos.
Sin embargo, no se habla de una coproducción si primero no aseguramos los criterios básicos de una transparencia ciudadana.
En este sentido, se hace una propuesta incremental que inicie institucionalizando este modelo de transparencia y que permita en el futuro una participación de ciudadanos, en la cual ellos coproduzcan contenido y compartan sus experiencias como usuarios.
Es posible iniciar este modelo a través de un Índice Nacional de Transparencia, realizado anualmente por parte del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), que otorgue calificaciones al desempeño de transparencia de la federación, los estados y los municipios.
Se propone este Índice inspirándome en diversos esfuerzos, a nivel nacional para medir la transparencia de las instituciones gubernamentales, como lo son: en el caso de México, la Métrica de Gobierno Abierto del CIDE y el Modelo de Medición de la Transparencia en línea del INAP.
A partir del anterior caso, se plantea que este Índice Nacional de Transparencia calcule el grado de transparencia ciudadana que tienen los niveles de gobierno a través de tres categorías de indicadores:
1. Disponibilidad de información,
2. Institucionalidad; y
3. Percepción de la transparencia.
La primera categoría consistiría en indicadores sobre el grado de visibilidad, acceso, completitud y organización de la información pública que se ofrece a los ciudadanos, así como lo relativo al sistema de portales digitales. El segundo recopilaría indicadores de la calidad de los mecanismos de control y vigilancia; la planeación de trabajo, y el desempeño fiscal y de recursos humanos de las administraciones. El último grupo consistiría en indicadores sobre percepción de prácticas de transparencia y corrupción en los gobiernos por parte de los ciudadanos y de los propios funcionarios que desempeñan labores dentro de estos.
Notas:
¹LOPDGDD & RGPD, “¿Qué es el principio de transparencia y porque es tan importante?”, disponible en: <https://ayudaleyprotecciondatos.es/2021/06/10/transparencia/>. [Consulta 09 de mayo, 2021.]
²Luis Carlos Ugalde, La rendición de cuentas en los gobiernos estatales y municipales, México, Auditoría Superior de la Federación, p. 9. Disponible en: <https://www.asf.gob.mx/uploads/63_Serie_de_Rendicion_de_Cuentas/Rc4.pdf>.
